Esta vez dos sujetos fueron aprehendidos en la zona de Chacra XIII, en calle Cabo San Sebastián al 700 donde barretearon la puerta de un domicilio con fines de robo. La Policía logró atraparlos, portando algunos de los elementos, hallando otros en el automóvil en que se trasladaban.

Violento incidentes se registraron esta noche de martes en la esquina de calles Keninek y Hoikén de la margen sur, donde una turba atacó una vivienda situada en esa esquina, dentro de la cual se encontraba trabajando Fabián Contreras Barrientos, un hombre que mantiene un enfrentamiento constante con la familia Díaz, de la cual dos hermanos están con prisión preventiva desde el año pasado por balear a este hombre. En esta oportunidad otros dos hermanos de la familia Díaz quedaron detenidos por apedrear la casa mencionada, hiriendo a Contreras Barrientos y a su abogado, propietario de la vivienda donde éste trabajaba para pagarle los honorarios. La Policía debió mediar con una unidad antimotines cuando se sumaron más familiares y vecinos en una gresca descomuna.

Carlos Alberto Gamarra fue detenido ayer lunes y ya es indagado en los tribunales del Campamento YPF (foto) en torno al abuso de una chica de 19 años con retraso madurativo, hecho aparentemente ocurrido en agosto del año pasado. Gamarra es una persona muy conocida en la ciudad de Río Grande, a partir de su actividad en la comparsa Amancay, y fue vinculado al hecho por una incontrastable pericia de ADN.

El allanamiento se realizó el pasado viernes en un privado en la zona de los asentamientos, donde se constató se ejercía la prostitución y se vendían bebidas alcohólicas, siendo halladas en su interior cinco mujeres de nacionalidad dominicana. Una mujer de la misma nacionalidad quedó imputada como regente, asegurando el Fiscal Federal que aún no se determinó si hay responsables por encima de esta mujer.

El comerciante Miguel Calparsoro lleva adelante una pintoresca manifestación en el frente de los tribunales del Campamento YPF, en reclamo contra la Justicia por una causa en la que su hijo, Jesús Calparsoro, estuvo año y medio sometido a un proceso por amenazas con arma de fueg, de la cual finalmente fue absuelto. Calparsoro inició un proceso contra el denunciante que luego desistió de la acción judicial, pero reclama contra la Justicia señalando que tuvo un serio perjuicio económico, “¿Quién limpia ahora el buen nombre nombre y honor de mi hijo?”, reclamó.

El juicio comenzó esta mañana contra Mauro Ezequiel Velardez de 23 años, joven actualmente detenido por innumerables delitos contra la propiedad. El proceso oral y público que lleva adelante el Juez Correccional, se realiza a poco más de un mes de producido el hecho, en el cual Velardez fue detenido al tratar de robar en el interior de un auto que estaba estacionado.

La Policía llegó a dos hermanos que son los sospechados de haber participado del violento atraco al colectivero Luis Abalos en la madrugada del martes. Allanaron su casa en las inmediaciones del lugar del atraco, sobre calle Los Sauces, y secuestraron solamente elementos indiciarios como prendas de vestir y los cuchillos de la casa. Ambos quedaron notificados de derechos y garantías.

El director del Servicio Penitenciario de la provincia, Sergio Diéguez dijo que el sistema de monitoreo por medio de la pulsera no sólo es una seguridad para todos los involucrados en la vigilancia, sino que también lo es para el interno, “porque estaría cubierto ante una denuncia infundada, pudiendo demostrar dónde estuvo y a la hora que fue denunciado”. Asimismo anunció para noviembre la inauguración de la obra de la Casa de Pre Egresa, ante el colapso del sistema.

El aporte del juez Ernesto Loffelr a la Policía, de un video de las cámaras de seguridad de su domicilio, no permitió individualizar al autor del atentado incendiario contra la parte trasera de la camioneta del magistrado. El hecho fue vinculado a la denuncia del juez por la instalación de un privado en la casa vecina a la suya, hecho que a pesar de tener trascendencia pública aún no tiene una respuesta desde la Justicia.

Las refacciones fueron realizadas por un valor de entre 170 y 190 mil pesos entre fines de 2012 y principios de 2013, durante las vacaciones del oficial penitenciario a cargo del Departamento de Infraestructura y Construcciones Penitenciarias. A su regreso este penitenciario constató que las obras detalladas, y pagadas, no estaban realizadas en gran parte. Hace un año radicó la denuncia y finalmente la próxima semana empezarán a desfilar los primeros testigos por el Campamento YPF. El denunciante de este caso es el oficial Ricardo Ortega Flores quien se desempeñaba en el Departamento de Infraestructura y Construcciones Penitenciarias, quien del 26 de noviembre del 2012 al 23 de febrero de 2013 gozó de licencia vacacional.   A su retorno constató que desde su área se impulsaron obras, en trabajos que incluían pinturas de rejas, colocación de luces de emergencia, iluminación de la cocina, reparación de instalación eléctrica de cámaras, cambio de tablero e instalación de dudas.    Para ese momento ya había sido designado Director Penitenciario, el Dr. Sergio Vernáz, señalando que se habrían realizado y pagado los mencionados trabajos.   A tal fin el denunciante dio cuenta de un informe de parte de un inspector de la Dirección de Infraestructura de la Zona Norte, Ignacio Splendiani, certificando la realización de todos los trabajos, a fin de librar el pago, que se efectuó por entre 170 y 190 mil a la empresa Sergio Gordillo,   Ortega Flores realizó una constatación en persona que detectó que gran parte de las obras mencionadas no se efectuaron, ante lo cual radicó la denuncia ante el juez penal Eduardo López.   A más de un año de presentada la denuncia, el juez finalmente citó a testimoniales a partir de la próxima semana, iniciándose el martes 21 con la citación al propio denuncia. Luego deberán comparecer los penitenciarios; José María Valdéz, Ricardo Barría, Leonardo Miranda, Luis Herrera, Ariel Toledo y Flavio Butt.   Asimismo el tribunal ya solicitó por varios presos que también podrían ser citados en calidad de testigos, a fin de comenzar a determinar responsabilidades en esta presunta irregularidad.  

La Justicia condenó a pena de 2 años y 2 meses de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos, contra dos agentes estatales, por el delito de defraudación a la administración pública y falsificación de instrumento. Ello es en relación a la presentación de certificados médicos truchos que fueron detectados por Fiscalización Sanitaria. Aseguran que hay otros diez casos bajo análisis. Las autoridades del Ministerio de Salud destacaron el fallo judicial condenatorio a tres personas involucradas en un caso de defraudación a la Administración Pública Provincial, resuelto por el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur el pasado 15 de septiembre.   La sentencia impuesta a tres personas juzgadas fue de 2 años y 2 meses de prisión en suspenso e inhabilitación para trabajar en la Administración Pública, por lo que desde la cartera sanitaria fueguina se observó que dos de los condenados son agentes del Estado Provincial, a quienes se les imputó la autoría material y penalmente responsable del delito de defraudación contra la Administración Pública en concurso ideal con falsificación y uso de instrumento privado en perjuicio del Gobierno.   “La causa tuvo su origen en la denuncia efectuada por el área de fiscalización sanitaria dependiente del Ministerio de Salud Provincial, actual Dirección de Medicina del Trabajo, tras detectarse certificados médicos presuntamente falsificados, situación que motivó la citación del médico que lo había extendido y, una vez desconocido por dicho profesional, se procedió a radicar la denuncia penal correspondiente y, además se dio inicio a las actuaciones sumariales”, se explicó desde Salud.   Además se subrayó que “éste es el primer antecedente de condena para un caso como el expuesto”, por lo que se consideró “un gran precedente, aunque la condena aun no se encuentra firme”.   “El Ministerio de Salud realiza dichos controles a diario ante la recepción de certificados médicos presuntamente falsificados o adulterados por parte de agentes de la administración pública”, se advirtió.   En tal sentido se indicó que “el ámbito del Ministerio de Salud se encuentra en la etapa final la exoneración de dos agentes de la Administración Pública que falsificaron certificados médicos y fueron sumariados por dicho accionar” y se adelantó que también “se encuentran en curso más de 10 sumarios por adulteración”.  

La resolución la adoptó el juez de instrucción Eduardo López contra Cristian Juan Pablo Crespi, sujeto que el 26 de septiembre baleó a su ex pareja y tras ello estuvo prófugo diez días. El procesamiento es por tentativa de homicidio con los agravantes del "uso de arma de fuego" y de "violencia de género". La carátula no es excarcelable, y por ende Crespi continuará detenido hasta el juicio, mientras su defensa evalúa ya la apelación. La resolución del juez de instrucción comprende el procesamiento de “El Chino” Crespi” por el delito de “homicidio en grado de tentativa agravada por el uso de arma de fuego y por violencia de género”.   Esto se remite al hecho del 26 de septiembre pasado cuando Crespi fue en su auto Audi A3, a buscar a la joven Araceli Nahuel de 28 años al sanatorio donde trabaja, descendiendo la joven al vehículo donde se dio la discusión por un presunto embarazo perdido.   Allí Crespi habría sacado un arma de fuego, se presume un calibre 32, gatillando tres veces contra la joven al pecho, lo que se presume que a pesar de que no salieron los disparos, da cuenta de la voluntad de matar que tuvo el imputado en todo momento.   Luego el forcejeo con la víctima generó que el arma se disparara, hiriéndola en una mano y una pierna, lesiones que si bien revistieron un carácter leve, como en todo delito lo que prevalece es el dolo o la intención del sujeto imputado.   El resultado de la levedad de las heridas precisamente no se debió a la voluntad del imputado sino a la fortuna que en esa oportunidad estuvo del lado de la víctima, cuestión totalmente ajena a la real intención de Crespi, quien luego incluso se mantuvo prófugo de la Justicia por diez días.   Reconstrucción La resolución del juez ahora sería apelada por la defensa de Crespi, representada por el Dr. Gastón Díaz, quien señaló que esa decisión judicial “no tomó en cuenta la reconstrucción del hecho que hicimos ayer en el autor de Crespi, y que considero es favorable para nuestra postura del cambio de carátula del hecho”, señaló.   En ese sentido la defensa si bien aún no definió si va a apelar esta decisión de primera instancia, ya comienza a trabajar ese elemento a futuro a fin de buscar descomprimir la situación procesal del imputado.   Crespi hasta entonces continuará detenido.  

La Policía Provincial logró esclarecer todas las instancias de la muerte de Luis Ricardo Millade, el hombre de 43 años que apareció muerto dentro de su vehículo en la ruta complementaria en inmediaciones de la estancia María Behety. Los peritos determinaron que se mató de una forma poco común, disparándose a la frente, y que por una carta hallada en su billetera, esto habría respondido a la imposibilidad que le planteaba desde hace tiempo su ex pareja, de ver a sus hijos. La familia del occiso finalmente fue localizada en Río Mayo, provincia del Chubut. Personal policial de la comisaría Quinta trabajó arduamente en el caso logrando determinar que la decisión de Luis Ricardo Millade de 43 años, de quitarse la vida de un disparo de arma de fuego, obedeció a un inconveniente de índole familiar.   La requisa policial logró dar finalmente con una segunda carta del suicida, el primer mensaje fue un cartón que dejó escrito sobre el torpedo de su camioneta, en la cual señalaba que la imposibilidad de ver a sus hijos era una situación que no lograba tolerar.   Millade se encontraba separado de su mujer, la cual aparentemente le impedía el contacto con sus hijos, lo que adujo como causa para tamaña determinación. Cabe recordar que Millade era empleado de la estancia María Behety y que había llegado a la provincia a trabajar desde hace un mes aproximadamente, desde la provincia de Santa Cruz.   En ese sentido asimismo la Policía finalmente ayer también pudo dar con el paradero de la familia de la víctima, siendo localizada su ex mujer en la ciudad de Río Mayo en la provincia de Chubut, por lo que se espera en los próximos días el arribo de un familiar a fin de hacer entrega del cuerpo.   Un detalle poco común que marcaron los peritos fue que el occiso tomó la determinación de acabar con su vida, disparándose en la frente con el revólver calibre 38 que fue incautado dentro del mismo vehículo.   Si bien la maniobra resulta poco cómoda del punto de vista físico, ese detalle no genera dudas de que efectivamente se trató de un suicidio en este caso.   

Un impresionante accidente de tránsito se produjo este mediodía de miércoles en el cruce de la ruta de circunvalación y calle Echelaine, donde continúa la complementaria 5. Por la circunvalación circulaba un camión de la empresa Vesprini, en cuyo camino se cruzó un Alfa Romeo Mito, que salía por calle Echelaine. El camión no llegó a impactar directo sobre el automóvil pero lo arrastró hacia una zanja, donde el rodado menor terminó volcado. El accidente fue protagonizado por un camión Scania 340, sin semirremolque, de la empresa Vesprini, el cual conducía Luis Enrique Vasallo por sobre la ruta de circunvalación en dirección norte, en proximidades de la ciudad de Río Grande.   Procedente de la zona de Chacra XI, por calle Echelaine, ingresó a la ruta un rodado Alfa Romeo Mito, el cual era conducido por Cristian Andrés Sombra de 26 años, quien no observó la circulación del camión.   Afortunadamente el camionero evitó el impacto directo sobre el rodado menor, al cual sin embargo llegó a arrastrar, para terminar ambos cayendo a una pronunciada zanja.   El camionero debió ser rescatado ensangrentado del habitáculo del rodado de gran porte, mientras el rescate del conductor del Alfa Romeo fue mucho mas complicado en razón de que el vehículo quedó volcado dentro de la zanja.   La circulación sobre ambas rutas se encuentra cortado totalmente por pericias de la Policía Científica.