La Aduana de Río Grande estuvo liberando automotores en forma fraudulenta por dos años
Lo investiga la Justicia Federal en una causa que lleva 2 años con casi una veintena de imputados y ningún procesado aún. El empleado responsable de la liberación en el período 2013 y 2014 ni siquiera fue suspendido un solo día de la función pública y hoy reviste funciones en la DGI Afip de esta misma ciudad con total impunidad.
La causa figura como “Echegoyen, Gustavo s/dcia” en relación a la presentación realizada por el mencionado ex administrador de la Aduana local en el año 2014, respecto de una anomalía detectada en la sección “automotores” de la repartición nacional en Río Grande.
Una auditoría efectuada en la Aduana local detectó un descontrol en el manejo de los trámites de liberación de vehículos afectados al régimen promocional de la ley 19.640.
En “al menos en diez oportunidades” los registros del automotor liberaron vehículos a partir de notas presentadas por particulares, procedentes de la Aduana, y todas firmadas por quien entonces era el único autorizado a tal fin; el principal imputado de la causa: Walter Eduardo Servian.
La maniobra consistía aparentemente en el fraguado de antiguas notas de liberación, las cuales eran fraguadas con los datos del vehículo a liberar en esta oportunidad, generándose “notas mellizas” que ingresaban a los registros del automotor.
Bajo esta maniobra, en el primer relevamiento se detectó la liberación irregular de diez vehículos; una Ford Kuga (JMV 946), un Chevrolet Spítir (LPW 445), un Renault Tractor (MGD 495), un Ford KA (LSC 809), una Dodge Journey (JPT 099), una Hyundai Santa Fe (JHK 368),
Otros tres casos son; un Volkswagen Gol (KXR 308), una Ford Eco Sport (KOQ 962) y un Peugeot 408 (KNC 695); egresaron con esa documentación fraudulenta de la isla, los dos primeros en enero y el tercero en abril de 2013, respectivamente.
Otro caso particular es el de un Audi A5 Sportback, al momento de la denuncia propiedad del ex legislador y empresario automotor, Adrián Liendo, vehículo que actualmente se encuentra radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este rodado no podría haber sido liberado en el 2013 por su condición de importado, que al momento vedaba totalmente esa posibilidad por estar dentro de los dos primeros años al momento de su patentamiento.
Incluso una Toyota Hilux 4×4 fue liberada y enviada a Río Gallegos siendo adquirida por Leandro Báez, hijo del empresario kirchnerista detenido, Lázaro Báez.
Numerosos imputados y dos gestores prófugos
La causa cuenta con una veintena de imputados, encabezados por el ex agente aduanero Walter Servian, y otro identificado como Eduardo Amari, quien se encontraba también en el área Automotores, pero que no tenía potestad de firmar los documentos. Asimismo se suman a la lista los propietarios de los vehículos que realizaron el trámite de liberación –trámite que es personal-, e incluso dos gestores, los cuales a la actualidad se encuentran prófugos, fuera de la provincia.
La Justicia Federal en dos años de proceso solo se limitó a una ronda de indagatorias, para la cual aún resta indagar a tres imputados, por lo que se estaría aguardando la posibilidad de un pronunciamiento judicial recién a finales de este año, con el limitante de tener actualmente un juez subrogando desde Ushuaia.
Increíblemente a dos años de detectadas estas irregularidades, el agente Servian solo tuvo como sanción el desplazamiento hacia la agencia local de la DGI-AFIP, donde reviste actualmente cargo, con vinculaciones políticas que lo han logrado preservar hasta el momento.
Servian, cabe destacar, fue el único agente designado en aquel momento con la firma que permitía liberar automotores, por lo que su situación procesal es sumamente complicada.