RIO GALLEGOS: Imputaron a dos sospechosos en el caso Chocobar

 
La jueza Roxana Suárez decidió esta semana imputar a dos sujetos, ambos de nacionalidad boliviana, en el marco de la causa que se instruye por la desaparición y cruento asesinato de Marcela Chocobar (26), la joven trans cuyo cráneo fue hallado en la periferia de Río Gallegos.
 
Fuentes bien informadas indicaron que aún se desconoce de qué se los acusa, cuestión que se sabrá el día en el que los sujetos que residen en el asentamiento de Madres a la Lucha presenten declaración indagatoria, aunque pueden negarse a testimoniar.
 
Sin embargo, los rumores dan cuenta de que la magistrada podría estar barajando la posibilidad de imputarlos por el delito de encubrimiento, en función de sendas sospechas que caen sobre el modo en el que obtuvieron el vehículo, aunque, vale aclarar, para la Justicia tampoco está comprobado que ese sea el auto en el que abordó Marcela al salir del boliche emplazado sobre calle Magallanes, la madrugada del 6 de septiembre.
 
El 29 de septiembre, minutos después de que se conocieran los resultados del ADN del cráneo hallado en un baldío del barrio San Benito y que confirmaban que se trataba de Marcela Chocobar, personal de la División de Delitos Complejos secuestró en calles Tucumán y Buenos Aires, un Renault 9 rojo y demoró a los dos ocupantes.
 
Esto fue en horas del mediodía, sin embargo, esa misma noche fueron dejados en libertad, tras lo cual los extranjeros hicieron declaraciones a TiempoSur en las que no sólo desmentían de cuajo tener algo que ver con el crimen, sino que además denunciaron que fueron víctimas de vejaciones para que reconocieran los hechos.
 
A instancias del secuestro del auto, la policía también allanó una vivienda del asentamiento “Madres a la Lucha”, donde residía el conductor del vehículo y su ex pareja, que es la propietaria del coche.
 
Este sujeto habría dicho que llegó hace dos meses de su país nativo y se encontraría desocupado, al tiempo que el otro, está asentado hace ya un tiempo en nuestra ciudad y se desempeña como enfermero en el nosocomio local.
 
Pese a los peritajes efectuados sobre el rodado, la Justicia no tendría comprobado que se trate del mismo auto al que se ve subir a Marcela en las cámaras de seguridad (todas con escasa definición).
 
Sin embargo, la clave para la Justicia estaría en desenmarañar lo que pareciera ser una casualidad: porqué compraron el vehículo exactamente dos días después de la desaparición de Marcela.
 
Pero es más, al Juzgado le llama la atención que justo hicieran un boleto de compraventa y fueran a certificar la firma a un escribano, cuando por lo general eso no suele hacerse, sino que se va al Registro del Automotor. Algo, intuyen en los estrados de Suárez, pareciera indicar que hubo cierto apuro en hacerse del coche o para ser más claros, en que la contraparte se deshiciera del mismo.
 
En este punto vale mencionar que según los dichos de los ahora imputados, la mujer compró el vehículo a su vecina de enfrente y que se trataría de un auto que estaba estacionado a la intemperie desde hacía ya un tiempo.
 
Esta semana, ambos sujetos recibieron una cédula de notificación que les notifica su imputación, toda vez que se puede leer los alcances del Artículo 100. “… en la primera oportunidad y en todo caso antes de la indagatoria, el Juez invitará al imputado a designar defensor entre los abogados de la matrícula. Si el imputado no lo hiciese hasta el momento de recibírsele declaración indagatoria, el Juez designará de oficio al defensor oficial, salvo que autorice al imputado a defenderse personalmente”.
 
“Nosotros no sabíamos nada del caso, nos llevaron a la comisaría y nos encerraron en piezas chiquitas donde nos empezaron a interrogar, nos preguntaron si tomábamos, si fumábamos o nos drogábamos”, comentaron tras su detención los hombres a TiempoSur, agregando que “también nos preguntaron si nos gustaban las chicas de la noche y ahí hicieron lo que quisieron, nos pegaron en varias oportunidades, además nos discriminaron, insultaron y amenazaron”.
 
Así las cosas, no estaría confirmada aun la fecha para el llamado a indagatoria de la jueza Suárez. Empero, hay quienes sostienen que a esta altura de los hechos, habiendo transcurrido casi dos meses del crimen, la Justicia no tendría pruebas firmes más allá de los resultados del ADN y frente a eso, una presión constante de la familia porque se esclarezca quien o quienes terminaron con la vida de Marcela.