PTA. ARENAS: Centenares de números y claves de tarjetas de crédito incautaron a colombianos detenidos por “clonar tarjetas”
Detenidos, a la espera de la formalización de cargos, quedaron los ciudadanos colombianos Jonhatan Burgos Alzate (23), su tío Leonardo Alzate Díaz (38), y Emerson Corona Alvarez (36), que en la tarde del miércoles fueron detenidos por la PDI, como presuntos miembros en una red internacional de clonadores de tarjetas bancarias. Durante la audiencia judicial de ayer se amplió en 24 horas su detención, por lo que tanto la Fiscalía como la PDI trabajan a paso apresurado para poder cimentar una imputación en contra de los imputados (La Prensa Austral).
Mientras que para la PDI la participación de los sujetos es indudable, dado las evidencias que encontraron en su poder, la fiscal a cargo del caso, Wendoline Acuña, habló con cautela a fin de ordenar la numerosa información computacional que se les requisó en el procedimiento policial.
“Hemos encontrado mucha información residual de muchos números de tarjetas de crédito, y establecimos que muchos de sus titulares eran extranjeros, y entre ellos detectamos 3 chilenos (…) hasta el momento no hemos dado con víctimas en Magallanes”, declaró el jefe de la Brigada Investigadora de Robos y de Policía Internacional, subprefecto Jorge Sánchez.
Aseguró que las primeras diligencias permitieron establecer que si bien no han realizado más que pagos de servicio en la región, sí habrían efectuado compras en línea de ropa y otras especies, contando con una base de datos con antecedentes de terceros, que cuenta con centenares de personas y su información privada.
Precisó finalmente que se iniciaron diligencias en conjunto con Interpol, a objeto de recoger antecedentes en países como Alemania, Colombia y Nicaragua, donde se habrían emitidos muchos de los documentos que permanecían en poder “virtual” del trío de extranjeros.
Control de detención
Mientras tanto un extenso debate judicial se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, luego de que la PDI pusiera a disposición de la justicia a los detenidos.
En la audiencia la fiscal Acuña detalló que se solicitó la orden de aprehensión en virtud de una serie de antecedentes, a lo menos extraños, que giraban en torno al trío de turistas, que se hospedaban en el Hotel Cabo de Hornos. Los encargados de seguridad del recinto habrían advertido ciertas conductas extrañas de éstos en comparación a otros pasajeros.
“Ellos si bien firmaron como turistas, nunca salían, estaban siempre en su habitación, pidiendo mucha comida. Su cuenta fue cancelada desde el extranjero, al igual que sus pasajes. Además, luego de que el juez autorizara el ingreso a su habitación, se encontró evidencia en el computador como ‘pantallazos’ de una página web donde por medio del engaño, presumiblemente, se capturaban los antecedentes de las víctimas”, expuso la fiscal.
Lo anterior, fue fuertemente fustigado por el abogado defensor Guillermo Ibacache, asegurando que la detención sería ilegal, ya que las diligencias de la policía civil se habrían hecho sin el conocimiento del juez de turno, y que una vez que obtuvieron los antecedentes que querían, consiguieron recién la orden de detención respectiva. Además, al término de la audiencia, indicó que se estudiaría la posibilidad de interponer un recurso de amparo a favor de sus representados.
El propio juez Olivares fue quien puso paños fríos al debate, indicando que los antecedentes que se expusieron en la audiencia fueron muy similares a los que le plantearon el día anterior, cuando autorizó el ingreso a la habitación de hotel y la posterior detención.
Pese a lo anterior, la fiscal explicó que el volumen de información y antecedentes que incluye la causa, que fueron recuperados en dos computadores que portaba el trío de colombianos, requieren un tiempo mayor para su análisis, y las respuestas de diversas diligencias que se oficiaron por parte de la policía civil, además del cotejo de antecedentes penales de uno de ellos, Emerson Corona Alvarez, quien mantenía una orden de captura internacional vigente, aunque portaba un permiso provisorio para abandonar su país.
La fiscal a cargo pidió un plazo de 48 horas como ampliación de la detención, pero ante la tenaz oposición que mantuvo Ibacache, el magistrado Olivares sólo autorizó 24 horas, quedando fijada la audiencia de formalización de cargos para hoy a las 18 horas.