RÍO GALLEGOS: Asociación ilisita, los 13 procesados en la primera causa por asociación ilícita y lavado de dinero que involucra empresarios y contadores
Fue tras las indigatorias a 22 personas físicas y 5 personas jurídicas acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal que generaba y vendía facturas apócrifas, generando evasión tributaria y lavado de dinero. El perjuicio ocasionado al fisco se estimó en 150 millones de pesos, al valor de 2018. (eldiarionuevodia.com.ar)
En los últimos días surgieron novedades respecto de la causa que data de fines del 2018, en la que se investiga a empresarios, contadores y personas jurídicas, sospechados de integrar una asociación ilícita fiscal que generaba y vendía facturas apócrifas, generando evasión tributaria y lavado de dinero.
Se trata de una causa federal por lavado de dinero y facturación apócrifa en la que están acusados e imputados reconocidos empresarios y contadores de la ciudad. El sistema llegó a incluir la entrega de premios falsos en empresas como Rifas Mural S.A.
La investigación se inició en 2018 por la denuncia de un contribuyente. El hombre refirió que personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue a su domicilio y le solicitó que informara su relación comercial con distintos contribuyentes. Recordó que, cuatro años antes, había contratado a un contador para que realizara las presentaciones correspondientes ante el ente recaudador, a quien le había otorgado sus contraseñas para operar los sistemas de la AFIP.
Tras la ronda de indagatorias a 22 personas físicas y 5 personas jurídicas, fuentes judiciales le confirmaron a Nuevo Día que hay 13 procesados confirmados en el avance de la causa que conmocionó a los vecinos de la capital de Santa Cruz hace casi ya cinco años.
El procesamiento lo resolvió y firmó el Juez Federal, Dr. Claudio Marcelo Vazquez, y el Secretario, Lautaro Mazzoletti.
Esta es la lista de procesados (la mayoría ya apeló) en la causa:
-Francisco negrete, acusado de asociación ilicita fiscal, lavado de activos y evasión tributaria.
-Hugo Duamante, acusado de asociación ilicita fiscal y lavado de dinero
-Mario Reinoso, acusado de asociación ilicita fiscal
-Diego Viera Romero, acusado de asociación ilicita fiscal
-Javier Cabral, acusado de asociación ilicita fiscal
-Julio César Díaz, acusado de asociación ilicita fiscal
-Hector Costilla, acusado de lavado de activos
-Estela Maris Carrizo, acusada de evasión tributaria
-Jose Bahamonde, acusado de asociación ilicita fiscal
-Daniel petros, acusado de asociación ilicita fiscal
-Alvaro Santos, acusado de evasión tributaria
-Ivan Choque, acusado de asociación ilicita fiscal
-Mural S.A. – se procesó a la persona jurídica
LA SITUACION
Fuentes judiciales le confirmaron a Nuevo Día que, en total, hubo 22 personas físicas indagadas y cinco personas jurídicas, de las cuales 10 personas físicas y 4 jurídicas fueron sobreseídas, aunque el fiscal, Julio Zárate, ya apeló la decisión con argumentos para que también sean procesados.
Un dato no menor es que, Marcos Monzón, contador acusado incialmente como uno de los principales responsables en la causa, falleció el año pasado sin que se le llegue a tomar declaración. En tanto, su mujer fue sobreseída en una decisión que incluyó perspectiva de género, entendiendo que tampoco estaba al tanto de las maniobras.
Ahora, las apelaciones por los procesamientos y los sobreseimientos pasaron a Cámara para su tratamiento, otro paso antes de encaminar la causa a juicio oral.
LA HISTORIA
Todos los citados están señalados de haber formado parte, de una manera u otra, de lo que en el expediente figura técnicamente como “una asociación ilícita conformada con la finalidad de obtener un beneficio económico a través de la comisión de distintas conductas delictivas”.
El inicio de la historia tiene que ver con el denunciante, que es el vecino de Río Gallegos, Luis Alberto Reyes, quien en ese momento indicó tener una pequeña empresa que “realiza perforaciones de pozos de agua en zonas rurales”, por la cual facturaba “entre 120.000 y 160.000 pesos anuales”.
Su contador era justamente Marcos Eduardo Monzón, que le llevaba su facturación hace 4 años, según indicó Reyes en su denuncia.
Reyes contó que le dio su clave fiscal a Monzón porque “confiaba en el como profesional” y además indicó que nunca había tenido problemas con él hasta ese 15 de junio de 2018, cuando advirtió que Monzón “facturó 17 millones de pesos, quedando por anular cuatro millones”, “cifras siderales que nunca corresponde con el giro comercial que me desempeño, y además jamás he recibido esos importes”, indicó.
En su denuncia, Reyes dijo que Monzón culpó a “un dependiente de él”, “un tal Alejandro Márquez”, a quien el denunciando nunca llegó a conocer.
Así fue como, consultando a otro contador, confirmó que “Marcos Monzón (o sus dependientes) comenzó a emitir facturas sin su autorización y conocimiento desde febrero de 2017.”
“Luego de emitirlas, procedió a anularlas”, indicó en su denuncia Reyes. También advirtió que “otro punto importante a tener en cuenta es que los contribuyentes a quienes supuestamente les habría facturado” no se corresponden con la actividad que realizaba.
Según consta en la causa, “el circuito está conformado por particulares, empresas y “socios” que aportaban capital para realizar “cambios ” de cheques lo que comúnmente se conoce como “mesa de dinero” en las denominadas “cuevas”.
En la investigación “se constató la utilización de la empresa dedicada a los juegos de azar “MURAL S.A.” que ofrecía como mecanismo de “lavado” la entrega simulada de premios a los involucrados interviniendo en las maniobras tanto empleados, como socios conjuntamente con Negrete y Monzón.”
En el expediente de la causa se señala a Francisco Negrete como líder de la organización, ya que sería emisor de comprobantes de operaciones inexistentes.
Entre los primeros nombrados, también aparece el contador Marcos Monzón, de quien se asegura que “utilizó conocimientos técnicos para comercializar facturas apócrifas”.
En la investigación, mediante escuchas telefónicas, también comprobaron que Héctor Costilla, presidente de MURAL S.A, tiene una acreditación en un banco por 10.155.030 de dólares sin información que justifique los movimientos mencionados, por lo que aseguran que “Costilla habría simulado la entrega de premios por parte de MURAL S.A, donde se habrían canalizado fondos de procedencia ilícita.”
Entre los acusados en el expediente de la causa también aparecen Diego Romero, señalado como “dedicado a la comercialización de facturas falsas, asistente de Monzón y Negrete”.
LOS CLIENTES
En ese momento nombró a empresas como Diciembre SRL., Paralelo 46TV., Ganadera de Puerto Cole, Díaz Roberto Alejandro, Cooperativa de Trabajo y Servicios Generales y Vivienda Paraíso LTDA., Santos Alvaro Horacio, Nancuante Mansilla Luis Obando.
Reyes contó que, luego de haber consultado con el “CPN García”, dado que Monzón no le daba respuestas, sino evasivas, confirmó que además le había agregado dos actividades más al rubro en el cual estaba inscripto en la AFIP, “las cuales no se condicen con la realidad”.
LOS ALLANAMIENTOS
La investigación de la causa fue la que derivó en una seguidilla de más de 30 allanamientos, en junio de este año, que dio que hablar en Río Gallegos y que incluyó a diferentes edificios para recolectar documentación e información sobre Mario Francisco Negrete, Marcos Monzón, Hector Carlos Costilla, Diego Valdemar Viera Romero, Luigi Abraham Braim, Giorgio Michieletto, Marcello Michieletto, Adolfo Infante, José Roberto Sotomayor, Hugo Duamante, ALberto Juan Bark, Mario Nicolás Reinoso, Hugo Sergio Cabral, Javier Ramón Cabral, Paralelo 46 TV S.A., Mario Nicolás Reinoso, Reinoso MN MEGI ME y OTROS S.H., CIAPECO, Infante Sistemas, Kalmat, Cerámica Austral SRL., MATCON, Mural S.A., Asociación Social y Deportivo Mareas del Sur, Vientos del Sur y Artama S.A. Todo esto finalizando en junio de 2019.
Personal de la fiscalía, la PROCELAC, la Gendarmería Nacional y la AFIP llevaron a cabo los procedimientos, en los que se secuestraron casi 80 millones de pesos (entre moneda extranjera y nacional) y documentación de interés para la investigación, entre otros objetos.
Posteriormente, la fiscalía solicitó a la AFIP la determinación de la deuda fiscal, a través de la cual se estableció que el perjuicio ocasionado al fisco ascendía a 150 millones de pesos. Sin embargo, a la fecha, se lograron recuperar aproximadamente 100 millones de pesos a través de planes de pago y cancelaciones.
LAS MANIOBRAS INVESTIGADAS
De acuerdo a la presentación de la fiscalía y la PROCELAC, se pudo determinar “la existencia de una aceitada organización de personas físicas y jurídicas que conformarían una asociación ilícita tributaria destinada a la realización de diversas maniobras fraudulentas, principalmente orientadas a evadir el pago de tributos nacionales”. Los y las representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que las conductas desplegadas también “abarcan la realización de distintos actos encaminados a introducir en el circuito formal dinero proveniente de dicha actividad ilícita”.
Las personas investigadas se dedicaban, principalmente, a generar facturas -electrónicas y de modo manual- apócrifas, las cuales comercializaban. Las “usinas” estaban conformadas por diferentes contribuyentes (personas físicas o jurídicas) y la facturación se utilizaba para que otros contribuyentes pudieran evadir los pagos a los impuestos a las Ganancias o al Valor Agregado. La organización también se valía de comprobantes emitidos por personas -que desconocían la actividad-, como ocurrió en el caso del denunciante.
De acuerdo a lo indicado por el MPF, la asociación ilícita -que operaba desde los años 2015 ó 2016, principalmente en la ciudad de Río Gallegos- era liderada por dos contadores y contaba con el aporte de otras personas. Estas se encargaban de negociar la compra y venta de crédito fiscal apócrifo, para lo cual contactaban nuevos “clientes”, emitían las facturas apócrifas u obtenían nuevas “usinas”. Para ello, se valían de las claves fiscales y CUIT de diversos contribuyentes, a nombre de quienes emitían facturas por ventas o servicios que no fueron realizados.
Algunas de las personas investigadas participaban también en “mesas de dinero” en las que se cambiaban cheques a plazo a cambio del cobro de altas tasas de interés o se intercambiaban divisas por fuera del mercado cambiario.
Lavado de activos: los y las representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que las conductas desplegadas también “abarcan la realización de distintos actos encaminados a introducir en el circuito formal dinero proveniente de dicha actividad ilícita”.
Los investigadores destacaron asimismo los resultados de las intervenciones telefónicas dispuestas oportunamente. De ellas surge que los miembros de la organización ofrecían sus servicios ilícitos a clientes interesados en comprar crédito fiscal espurio, para poder computarlo en sus declaraciones juradas de IVA y Ganancias, a fin de omitir el pago de los tributos.
Gracias a la actividad ilícita desarrollada, la organización obtenía grandes ganancias, que reintroducían al circuito económico a través de la confección de cheques, que negociaban como garantía de operaciones económicas o cambiaban por dinero en efectivo, a cambio del cobro de una comisión.
En el marco de la investigación, finalmente se constató que la organización utilizaba una empresa dedicada a juegos de azar. A través de uno de los socios, y con anuencia de un escribano público, simulaban la entrega de premios a personas que oficiaban de testaferros.