PTA. ARENAS: Dos detenidos por robos a viviendas y estafas
Dos sujetos fueron detenidos por la PDI en el marco de una investigación que se arrastraba desde hace varios meses. Uno de ellos es sindicado de haber participado en el delito de robo a una casa habitación, hecho acaecido entre los días 14 y 17 de abril de este año en un domicilio de calle Gran Bretaña, población Las Naciones, en Punta Arenas, cuyo accionar trajo como resultado otros delitos asociados, producto de la sustracción no sólo de especies, sino también de documentos bancarios.
Los detenidos fueron identificados como Armin Alexander Haeberling Lizama (26) y Moisés Andrés Haro Nancuante (37) y según precisó el subprefecto Julio Caro, jefe de la Brigada Investigadora de Robos, ambos concretaron al menos 12 estafas y uso malicioso de instrumento privado mercantil. “Estamos hablando de $12 millones en defraudación a comerciantes de la región, utilizando cheques robados desde el domicilio particular de calle Gran Bretaña, adquiriendo mercaderías que posteriormente vendían a otras personas”, indicó, agregando que durante las pesquisas se logró recuperar parte de las especies sustraídas desde el inmueble señalado, como de una segunda vivienda que también sufrió un hecho similar el año 2017 y que comprende principalmente a joyas avaluadas en unos 7 millones de pesos.
En el caso particular de Armin Haeberling y tras allanar su domicilio, la policía civil encontró en el segundo piso de este, un cultivo indoor con 10 plantas de Cannabis sativa, además de droga seca dosificada cercana a los 536 gramos, según consignó el jefe policial. “No tenemos un avalúo exacto, pero hablamos de cerca de $10 millones”, mencionó, detallando que uno de los elementos claves para concretar la detención de los individuos, radicó en el trabajo directo en el lugar del suceso, lo que a través del levantamiento de evidencias -declaraciones, testigos- permitió establecer un vínculo entre los imputados y los propios papeles bancarios con los que cometían las defraudaciones. “Hay documentación que también permite establecer que estos sujetos adulteraban documentación para acceder a créditos bancarios y tarjetas de crédito, que también fueron incautadas, a nombre de ellos”.
La formalización
Tras la detención, este domingo ambos imputados comparecieron ante el Juzgado de Garantía local, instancia en la cual enfrentaron los cargos formulados por el Ministerio Pública, durante la respectiva audiencia de control.
En la oportunidad, la fiscal Rina Blanco López comenzó recalcando que las investigaciones que condujeron al accionar policial fueron propiciadas en gran medida a raíz de la utilización por parte de los acusados, de los cheques robados. “Estaban siendo presentados en cobro en los bancos por personas que estaban siendo perjudicadas, que los habían recibido en pago de ciertos bienes que ellos estaban vendiendo. Y ocurrió el día de ayer (sábado) una situación de que la víctima de este hecho, María Clarisa Mansilla Mansilla -quien avaluó las perdidas en unos 20 millones de pesos- efectuó una llamada a funcionarios de la PDI -toda vez que ella estaba en conocimiento que estaban realizando investigación en su caso-, señalando que hasta su domicilio el día anterior en la noche había llegado una persona que había sido afectada por un cheque de que era titular, por lo que ella le explica que había sido víctima de un robo. Además agrega que el 1 de septiembre, en horas de la mañana, había concurrido hasta su domicilio esta misma persona pero acompañada de Moisés Haro Nancuante, que había sido ubicado por el afectado y conminado a que diera antecedentes con respecto a Haeberling Lizama”, narró.
Resolución
Luego de ponderados los antecedentes, el tribunal encabezado por la jueza Connie Fuentealba Oyarzún resolvió dejar a Haeberling Lizama en prisión, en razón de los delitos de robo en lugar habitado, uso malicioso de instrumento privado mercantil, así como por cultivo y microtráfico de marihuana. Por cierto, giró cuatro cheques por más de $2.500.000.
En tanto, Moisés Haro Nancuante, quedará sometido a la medida cautelar de arraigo regional con firma mensual, tras ser formalizado por el delito de uso malicioso de instrumento privado mercantil, luego de que girara cheques por más de $10 millones.
El Tribunal estableció un plazo de 90 días para la investigación.