PTA. ARENAS: Acusan de cohecho a una técnico paramédico que ingresó tres celulares a la cárcel local
El fiscal jefe de Punta Arenas, Sebastián González Morales, cerró la investigación que seguía en contra de la técnico paramédico Vesna Joselyn Díaz Nahuelquín, sindicada como autora del ingreso de tres teléfonos celulares a favor de un interno del complejo penitenciario local. (La Prensa Austral)
El delito lo cometió la mañana del 18 de septiembre del año 2021, a las 10,20 horas. Aprovechándose de las labores que ejercía al interior de la Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPHI) de la cárcel de Punta Arenas, en su calidad de técnico paramédico, le correspondió atender durante esas Fiestas Patrias al interno Andrés González Quinán.
Aquello estaba previamente concertado y en la unidad médica le entregó a González tres teléfonos celulares envueltos en cinta de embalaje.
El interno los tomó y regresó a las dependencias generales de la unidad con las especies en su poder.
Pero estas fueron encontradas por un funcionario de Gendarmería, al momento de realizar una revisión de seguridad al interno.
El ingreso de aparatos telefónicos a cualquier centro penitenciario del país está estrictamente prohibido por ley.
En este caso la mujer fue contactada en la ciudad por conocidos de González Quinán quienes le ofrecieron un pago de 400 mil pesos a cambio de entregar los celulares al interno, “ofrecimiento que fue aceptado por la acusada”, indicó el fiscal.
Penas de 5 y 7 años
El Ministerio Público está solicitando que la técnico paramédico sea condenada a cinco años de presidio. Y una segunda pena de 7 años y un día de “inhabilitación absoluta temporal para ejercer cargos u oficios públicos”. Además del pago de una multa de 800 mil pesos.
El Tribunal de Garantía de Punta Arenas fijó para el próximo 16 de abril la audiencia de preparación de juicio oral en contra de Vesna Díaz Nahuelquín.
Condenado
En septiembre del año pasado Andrés González Quinán fue condenado en calidad de cómplice a cumplir una pena de 61 días de presidio y al pago de una multa de 150 mil pesos.
En septiembre del año pasado, se publicó la Ley Nº21.594, que modifica el Código Penal, para sancionar la tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad conunicarse con el exterior.