PTA. ARENAS: Acusan a sujeto por apropiarse de más de $50 millones de cotizaciones de 33 trabajadores
“En el camino, ignoro por qué, el Ministerio de Transportes comenzó a negociar de forma directa con Ascendal y finalmente le adjudicó dicho contrato, imposibilitando la venta y obtener los recursos para subsanar el problema”, dijo el acusado, Roberto Rodríguez Silva. (El Pinguino)
Ayer, en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, se dio comienzo a un juicio en contra de Roberto Hernán Rodríguez Silva acusado de apropiación indebida de cotizaciones provisionales y de salud.
El acusado es representante legal de Inversiones Australes SpA, la cual desde 2018 comenzó a incumplir sus obligaciones respecto al pago de cotizaciones provisionales y de salud, prolongándose esta situación en los años venideros. Esto provocó la renuncia o incluso el despido de trabajadores.
En todos los casos, la empresa Inversiones Australes SpA y con relación a los trabajadores querellantes, adeuda a las instituciones de previsión social y de salud, cantidades que van desde los 700 mil pesos a más de dos millones de pesos, y que en total suman 55 millones de pesos.
Palabras del fiscal
El fiscal Oliver Rammsy, explicó así los detalles de la causa: “La empresa se adjudicó el contrato del servicio de locomoción colectiva en Punta Arenas entre 2017 y 2020. Tenía un convenio de subsidio con el Ministerio de Transportes, donde el ministerio le aportaba una cantidad de dinero, alrededor de $300 millones mensuales, lo demás debía ponerlo la empresa que para facilitar los buses y contratar gente, tenía que cumplir con las prestaciones y remuneraciones. Dentro de esta remuneración, nuestra legislación establece que se presume de derecho, que por el pago de la remuneración, las cotizaciones previsionales están descontadas, porque son de propiedad de cada trabajador, cada uno es dueño de eso. Entonces eso no lo pagó este señor, con estos 33 trabajadores, significándoles lagunas previsionales que hasta el día de hoy subsisten y que no hay respuesta, pese a que existen dos fallos laborales que lo condenaron por contumaz en su infracción y no cumplimiento de esta obligación”.
Justicia para sus representados
Cabe precisar que son 33 los trabajadores que se querellaron, los cuales están representados por el abogado Ramón Ibáñez, quien explicó así el sentir de sus representados: “Luego de que el Gobierno le pusiera término anticipado a su contrato, él salió vendiendo sus activos a otras sociedades, sobre todo el pago que nosotros teníamos retenido, por lo cual se interpuso una tercería en el Juzgado Laboral, la cual él perdió. Yo solamente represento a 33 personas, pero la empresa tenía más trabajadores, existen otros dos sindicatos, representados por otro colega. Acá, no se busca dinero, simplemente ante tamaña ilegalidad, lo que busco es que mis representados se sientan escuchados y haya justicia. Por esto, tomamos la determinación de seguir en esta instancia, sobre todo por el vaivén que tuvo esta causa, con muchos incidentes, contrata abogados presentan tercerías, las pierden, y después no se presenta absolutamente nadie más al juicio. En total, era un pago de $270 millones y nosotros alcanzamos a retener $120 millones”, comentó el profesional.
Tanto el Ministerio Público como la parte querellante, solicitan que se imponga en contra del acusado, la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y una multa de 15 unidades tributarias mensuales, lo cual actualmente son más de 900 mil pesos.
Acusado denunció incumplimientos del Estado
El acusado Roberto Rodríguez reconoció en la audiencia el incumplimiento de estas obligaciones, pero enfatizó el perjuicio ocasionado a la empresa por el actuar del Ministerio de Transportes de la época. “El no pago de las cotizaciones ocurrió, pero fue por una situación de arrastre de la empresa. Los ingresos que había estaban suministrados en su mayoría por el subsidio que otorgaba el Ministerio de Transportes, lo cual era insuficiente para cubrir todos los gastos de la empresa. Entonces se optó por privilegiar el pago de la remuneración líquida, postergando, quizás de forma errónea, pero era la única solución para mantener la viabilidad de la operación, el no pago de las imposiciones. De esta situación, se puso en conocimiento al Ministerio de Transportes con la ministra de la época, Gloria Hutt; subsecretario José Luis Domínguez y el seremi Transportes de Magallanes, Marco Mella. Se les planteó la necesidad de buscar una solución, porque los ingresos simplemente no eran suficientes para mantener la operación a largo plazo. Ante ese escenario, se coordina con el ministerio el hacer un traspaso de la empresa, venderla, y efectivamente con el ministerio se concordó que se iba a efectuar la venta o traspaso, con la autorización del ministerio, a la empresa Ascendal, que es el actual operador en Punta Arenas”.
“Se estableció una fecha y un precio, el cual básicamente era el pago de las imposiciones y las indemnizaciones del personal. El plazo que se fijó para la transacción fue el mes de octubre de 2019, año del estallido social, por lo que se postergó. En el camino, ignoro por qué, el Ministerio de Transportes comenzó a negociar de forma directa con Ascendal y finalmente le adjudicó dicho contrato, imposibilitando la venta y obtener los recursos para subsanar el problema”.
“Para poder hacer esta asignación, tenían que sacar del camino a nuestra empresa, entonces el ministerio primero pidió conocer el estado de las cotizaciones previsionales, lo cual fue informado. Después de un mes, el ministerio nos informó que se daría término anticipado al contrato, lo que nos sorprendió, porque con eso se impedía cumplir con los compromisos acordados”.