PTA. ARENAS: Dueño de terreno en toma donde ocurrió homicidio presenta recurso de protección

“No dejan de ser extrema la necesidad de cautela (…), siendo muy razonable, por lo visto, pensar que puedan ocurrir otros hechos que pongan en peligro la integridad del sector, recordando que incluso prendieron fuego en el lugar, como también la integridad de los vecinos y las propiedades colindantes”, indica uno de los documentos. (El Pinguino)

Fue en la madrugada del 16 de junio cuando Abel Isaac Maragaño Amolef de 40 años fue agredido hasta el borde de la muerte, falleciendo posteriormente en el Hospital Clínico de Magallanes. Tras la brutal agresión, los imputados prendieron fuego a la mediagua en la que se encontraba para ocultar el delito.

Aquello ocurrió en calle Enrique Abello, sin número, siendo un sitio eriazo entre la Avenida Eduardo Frei y calle Los Acacios, Punta Arenas.

Producto de lo anterior, fueron detenidos Heriberto Aurelio Carrasco Arce y Felipe Andrés Astorga Acuña, a los que se les formalizó por homicidio calificado obrando con alevosía, incendio y lesiones menos graves. Debido a la brutalidad del actuar de los sujetos, la gravedad de las penas que los delitos de homicidio calificado e incendio tienen, bastaron para que el juez de turno acogiera la solicitud de prisión preventiva, mientras dure la investigación, para lo cual se fijó un plazo de 150 días.

Recurso

Tanto los imputados como la víctima habitaban en un terreno que no les pertenecía, de hecho, tenían tomado ese espacio.

El dueño del lugar es Comercial e Inmobiliaria Ene S.A., la cual en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, presentó un recurso de protección en contra de Heriberto Aurelio Carrasco Arce, Felipe Andrés Astorga Acuña y una tercera persona donde no se especifica el nombre, pero posiblemente sea la víctima de homicidio, Abel Isaac Maragaño Amolef, ya que también vivía en el mismo sector.

El escrito indica que el terreno fue adquirido “por la inmobiliaria como una inversión, para la construcción de viviendas, siendo ofrecidos a constructoras de la zona, negocio que no ha podido concretarse, por estar ocupados ilegalmente, (…) cerrando el acceso a cualquier persona”.

En el documento se dice que durante la pandemia se recibieron reclamos de los vecinos, correspondientes a un sector residencial, informando que existían algunas personas, que se habrían tomado parte del terreno colindante.

“Con fecha 12 de junio de 2023, mi representada tuvo conocimiento de nuevos hechos gracias al contacto de personas que circulan por caminos cercanos al terreno, quienes realizaron llamados de alerta inéditos respecto de la situación, señalando que ahora es masiva la cantidad de personas que se adentra en el predio con la finalidad de habitarlo, rompiendo las cercas que mi representada continuamente intenta mantener para delimitar y morigerar la situación, siendo inútil todo esfuerzo en mantener el cierre del lugar. Se trataría en definitiva de personas que están llegando desde zonas cercanas al hospital regional quienes han recibido noticia sobre el terreno de mi representada y que pretenden su ocupación”, dice el texto, agregando que representante de la inmobiliaria fueron al terreno y se encontraron con personas hostiles, sin la intención de retirarse.

El recurso fue presentando horas después del homicidio cuando aún no se había masificado, pero producto del delito y la prisión preventiva impuesta a los sujetos, “ha provocado que por el momento los mencionados sujetos no se encuentren en el terreno, pero aquello no obsta a que el lugar pueda ser concurrido por otras personas con pretensión de ocupar el lugar, o bien, que las otras personas que frecuentaban el terreno decidan volver a ocupar el espacio, o incluso los mismos imputados si fuesen dejados en libertad.

Es por ello que no dejan de ser extrema la necesidad de cautela sobre el terreno de mi representada, siendo muy razonable, por lo visto, pensar que puedan ocurrir otros hechos que pongan en peligro la integridad del terreno, recordando que incluso prendieron fuego en el lugar, como también la integridad de los vecinos y las propiedades colindantes”, indica otro documento presentado en la Corte.