NEUQUÉN: Le quisieron robar el teléfono y se defendió a mordiscos
En el ataque el delincuente le rompió el aparato a la joven y para zafar de la persecución penal le pagó el arreglo. (lmneuquen)
Una joven se defendió a los mordiscones de un ladrón que le quiso arrebatar su teléfono cuando caminaba por la calle. La policía lo atrapó a las pocas cuadras y fue imputado por intento de robo. Pero recientemente fue sobreseído ya que pagó el arreglo del celular, que se averió en el ataque.
El hecho ocurrió minutos después de las 19:30 del 2 de agosto del año pasado, cuando la chica y una amiga caminaban por La Esmeralda y Falucho, en Cipolletti, y Daniel Fuentes las comenzó a seguir. La victima siguió sola por Falucho y al llegar a Miguel Muñoz la sorprendió de atrás y le aferró los brazos, y le ordenó “dame el teléfono”.
Pero ella logró soltarse y corrió con el imputado detrás, quien le seguía gritando “dame el teléfono, hija de puta, dame el teléfono”.
Antes de llegar a Falucho la volvió a agarrar y la tiró al suelo, donde le apretó los brazos y la cabeza con mucha violencia, y la amenazó con pegarle un tiro si no le entregaba el aparato.
Pero la joven no se amilanó y se defendió dándole un mordisco en el brazo izquierdo, lo que hizo que el delincuente huyera. Pero no fue muy lejos, ya que la Policía ya había sido alertada, y una patrulla de efectivos lo atrapó en la calle Esquiú.
En el desarrollo de la causa la fiscal Vanina Bravo y el defensor Oficial Juan Pablo Piombo avanzaron en una conciliación y consensuaron aplicar un criterio de oportunidad en beneficio de Fuentes.
El acuerdo estableció el pago del arreglo del teléfono celular de la víctima, que se rompió durante el robo. Era lo que pidió, y con eso “se daba por desinteresada de la persecución penal”.
Fuentes hizo efectivo el pago prometido para la reparación el 17 de noviembre de 2022, y con ese argumento Fiscalía y Defensa pidieron desvincular de la causa al imputado.
La jueza Laura González Vitale avaló el planteo y dictó el fallo en los términos acordados. Explicó que los jueces “al momento de resolver deben sujetarse a lo peticionado por las partes” y que es la Fiscalía “quien tiene a su cargo fijar la política de persecución criminal de la provincia”.