PTA. ARENAS: Decretan prisión preventiva para imputados por violar a funcionaria de residencia sanitaria

Encerrados, al menos mientras dure la investigación, deberán permanecer los dos ciudadanos indonesios, de 25 años, que fueron detenidos por su participación en un repudiable ataque sexual que afectó a una funcionaria de una residencia sanitaria para pacientes con Coronavirus en Punta Arenas, hecho ocurrido esta madrugada. (El Magallánico)

En medio de la expectación social se desarrolló la noche de este domingo (30 de agosto), a través de videoconferencia, la audiencia de formalización de cargos en contra de los ciudadanos extranjeros S.A.X. y A.K., tripulantes que permanecían en nuestra ciudad al ser detectados como portadores de Covid-19 mientras navegaban en un buque que se mantiene en la bahía de la ciudad, nave perteneciente a una empresa chilena con puerto en Punta Arenas.

De acuerdo a los antecedentes recopilados por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI (Brisex), los cuales fueron presentados durante la audiencia por el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, los sujetos llamaron a la víctima hasta una de las habitaciones de aislamiento, lugar en que, aprovechándose de su superioridad numérica y fuerza, uno de ellos la violó mientras el segundo la sujetaba.

Los hechos denunciados por la funcionaria quedaron acreditados con los informes que se dieron a conocer durante el procedimiento judicial, además de los exámenes médicos que se le practicaron a la víctima. En tanto, la participación de los extranjeros en el ataque quedó refrendado con la sindicación que hizo ella y un testigo que la auxilió, según esgrimió el fiscal regional Eugenio Campos, quien consideró que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y, sobre todo, para la vida de la víctima.

Por todo lo anterior, se solicitó la prisión preventiva, medida que, pasada la media noche y pese a la oposición de la Defensoría, fue acogida por el magistrado Cristian Armijo, quien de paso fijó un plazo de 120 días para la investigación.