CHUBUT: pidieron que vaya a juicio una banda acusada de explotar sexualmente a mujeres en dos prostíbulos

El fiscal  federal subrogante de Esquel Federico Baquioni Zingaretti solicitó la elevación a juicio de una causa en la que se investiga a una organización destinada a explotar sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad en dos prostíbulos de las localidades de Sarmiento y Gobernador Costa, en la provincia de Chubut. Los hechos habrían ocurrido al menos desde el 2 de febrero hasta el 8 de marzo de 2015.
El Ministerio Público Fiscal identificó a N.B.L. como la cabeza de la organización, la dueña de los dos boliches -conocidos como “Nilo” y “La Tía II”- y de los domicilios particulares donde se alojaban las víctimas y se hacían los denominados “pases”. De acuerdo a la acusación, además determinaba el rol que tenía cada una de las mujeres que se desempeñaban dentro de los locales, y el tiempo y la forma en el que se ofrecían y concretaban las transacciones sexuales. Asimismo, ejercía facultades de control mediante la anotación en cuadernos y rendiciones diarias. Otras dos acusadas son R.I.D.S. y Y.S.B.M., quienes, según la Fiscalía, regenteaban cada uno de los locales y llevaban la cuenta de las “copas” y los “pases”.
Finalmente, el cuarto imputado es T.P., quien se encargaba de trasladar a las víctimas desde el bar “Nilo” hasta el lugar donde se consumaba la explotación. Según el requerimiento de elevación a juicio, pasada la hora correspondiente era quien volvía a trasladar a las mujeres al local nocturno en su vehículo personal. Así, el MPF estimó que entre todos idearon un mecanismo mediante el cual explotaron a mujeres en situación de vulnerabilidad en ambos lugares.
En cuanto al local “La Tía II”, la investigación estableció que allí se explotaban a entre cuatro y cinco mujeres en situación de vulnerabilidad, aunque durante un allanamiento se encontraron registros que daban cuenta de, al menos, 14 víctimas.
Origen del caso
Meses antes de la formación de la causa que ahora se requirió enviar a juicio se habían realizado allanamientos y clausurado locales en la zona. En uno de ellos se secuestraron más de 200 libretas sanitarias de mujeres que habían sido expedidas por los municipios de Sarmiento y Gobernador Costa, ambos de Chubut.
A ello se sumó la información preliminar aportada por el Escuadrón 37 de Gendarmería Nacional. Luego de realizar las tareas investigativas instruidas por la Fiscalía se comprobó la existencia de dos locales de propiedad de la imputada, en los que había mujeres que eran acogidas, trasladadas y se facilitaba su prostitución. Por ello se solicitaron los allanamientos en los prostíbulos sospechados y en dos domicilios donde presuntamente se realizaban los “pases”.
Además, se constató la existencia de otros locales de las mismas características en Sarmiento que, por encontrarse fuera de la jurisdicción, se le dio intervención a la justicia federal de Comodoro Rivadavia. Durante los procedimientos se contó con la colaboración del Programa de Protección de Víctimas del delito de Trata de Personas.
Las pruebas
En el prostíbulo “Nilo” se hallaron recibos de pago emitidos por la Municipalidad de Gobernador Costa en concepto de inspección, seguridad e higiene y un certificado de licencia comercial. En tanto que en “La Tía II”  fueron rescatadas cuatro víctimas. Durante la investigación se descubrió que dos de las mujeres ya habían sido identificadas en otros procedimientos en diversas jurisdicciones en el marco de otra causa por el mismo delito.
Finalmente, otros de los elementos determinantes encontrados durante los allanamientos fueron una gran cantidad de libretas sanitarias, lo que indica que las víctimas explotadas por la banda habrían sido más que las encontradas.
A raíz de los libros de habilitaciones también se estableció que la cantidad de mujeres que trabajaban en cada dependencia era variable. Por ejemplo: durante la Fiesta Provincial del Caballo, que se realiza entre el 6 y el 8 de febrero de cada año, se “reforzó” el “plantel” del prostíbulo Nilo.
Durante el trámite de la causa se informó a los municipios en dónde estaban instalados los locales allanados y la reglamentación local que se encontraba en infracción a las leyes nacionales que combaten la trata y la explotación sexual. Asimismo, se solicitó que no sólo se instrumenten los mecanismos necesarios para modificarlas, sino que también se capacite al personal municipal en concordancia con ello.