Denuncias en el directorio de la Caja Policial que deberá recuperar millonaria suma de dinero por un sideral aumento salarial
La preocupación en las filas policiales es permanente respecto del manejo de sus fondos previsionales. A varias denuncias que trascendieron desde la interna del directorio de la Caja, la primera de ellas tuvo intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia en la que se determinó fue mal concedido desde la presidencia del órgano, en forma inconsulta, un aumento salarial desmedido a la sobredimensionada planta de personal de la Caja. Ahora deben cuantificar lo pagado de más y “recuperarlo”.
La presentación la realizaron algunos integrantes del directorio de la Caja que maneja los fondos previsionales para policías y penitenciarios, el Suboficial Mayor (R) Julio Cesar Barrios, el Comisario Mayor Sergio Contreras y el Suboficial Mayor (R) Fernando Meriles.
Estos directores cuestionaron una decisión unilateral por parte de la Presidencia del Organismo, a cargo del Comisario General retirado Orlando Pérez Garrido, quien en diciembre pasado dictó la resolución 693 por la que estableció una nueva escala salarial para las poco más de 20 personas que comprenden el personal de la Caja.
La medida no fue en beneficio propio, ya que no comprendió al directorio, pero si elevó exponencialmente las erogaciones salariales de la Caja con una escala que no respondía a ninguna lógica legal, ni convenio que se le asemejara.
A esto los denunciantes sumaron la reticencia desde el organismo de brindar información a los propios directores y que no existió auditoría interna alguna.
Finalmente en marzo este desfasaje de los fondos previsionales de los policías fue corregido con la resolución 384, que dejó sin efecto esa medida salarial, aunque el perjuicio económico ya estaba causado.
Precisamente ante ello el Tribunal de Cuentas consideró abstracta la cuestión de fondo, pero si ordenó que la presidencia de la Caja deba en un plazo perentorio, cuantificar y proponer el recupero de lo pagado indebidamente en salarios durante ese lapso de tres meses.
Al cálculo de los denunciantes, ese monto supera holgadamente el millón de pesos, lo que da cuenta de lo desproporcionado de ese aumento salarial que se extendió solo por tres meses y produjo semejante perjuicio.
El presidente del órgano, el ex jefe policial Pérez Garrido, deberá responder por aquella medida inentendible de la que tendrá que plantear alguna forma de recuperar hasta el último peso.
La preocupación de los efectivos policiales no termina allí, dado que ya se habrían realizado denuncias judiciales respecto de manejos por parte de anteriores directorios.