CDRO. RIVADAVIA: Sobre el asesinato del menor de 17 años, lo habrían torturado tres horas

Angel (33) y Sebastián Iván Ibáñez (26) fueron detenidos en la noche del lunes. El primero en su domicilio de la calle Mahuida al 2.300, barrio San Cayetano, en tanto al segundo la Policía lo esperaba en el cruce de las rutas 3 y 26 cuando regresaba de su trabajo en el yacimiento de Cerro Dragón.
Ayer se confirmó la captura de Kevin, de 19 años, quien fue interceptado en Paso de Indios cuando al parecer pretendía escapar a Chile, y finalmente, por la tarde se entregó solo el mayor de los hermanos Ibáñez, Marcelo Fabián (35). Lo hizo en la comisaría de Mosconi, acompañado por el abogado Mauro Fonteñez.
Los cuatro hermanos sospechados del salvaje crimen de un menor de edad serán sometidos hoy a la audiencia de control de detención.
La fiscal de causas complejas, Camila Banfi, informó que los sospechosos “utilizaron armas de fuego para golpearlos con las cachas de las armas, los desnudaron, los mojaron, hubo una serie de torturas”. Las víctimas fueron un joven de 19 años (se preserva su identidad) y Alan Nahuelmilla (17), quien falleció en la tarde del domingo en el Hospital Regional, donde permanecía desde la madrugada de ese día, cuando apareció moribundo en la casa de un tío en el barrio Máximo Abásolo.
En declaraciones al programa “Hasta que se demuestre lo contrario”, la fiscal Banfi precisó que “los hechos ocurrieron en una zona de quintas del Máximo Abásolo. Lo que pudimos averiguar en las primeras horas de la investigación a partir de los allanamientos que se hicieron es que un grupo de personas habría ‘cazado’ en la zona de Quintas a estas dos personas, que son las víctimas del hecho; las emboscaron en una zona de Miroglio y Duraznos y las habrían llevado atadas, maniatadas, hacia un domicilio en donde durante unas horas los torturaron con golpes”.
Ante a la consulta de qué reclamaban los hermanos Ibáñez, la fiscal respondió: “la entrega de unos teles. Aparentemente lo que nosotros creemos es que hay una equivocación de personas en cuanto a las que llevaron al lugar porque no tenemos ningún tipo de información que nos lleve a analizar de que estas son las personas que sustrajeron los elementos”.
De todas maneras, la fiscal dejó en claro que independientemente de si eso hubiera ocurrido no es una situación que justifique el crimen de un menor de edad en el contexto de un hecho de “justicia por mano propia”.
“Recién estamos investigando. La caratula es una privación ilegítima de libertad, estas torturas y el fallecimiento de una de las víctimas; la otra víctima sobreviviente también está muy lesionada. Se le dio intervención al Servicio de Protección. La prioridad para esa persona es la salud, independientemente de la investigación. Es una persona que está con muchas complicaciones de salud producto de esta situación”, informó Banfi.
HERMANOS CRIMINALES
La fiscal confirmó que “nosotros en estos albores de la investigación tenemos investigado a un grupo familiar que son estos hermanos de apellido Ibáñez. Lo que resta es hacer la rueda para determinar los roles de cada uno, pero tenemos más o menos identificados, por la contextura física que describe el testigo, quiénes serían las personas que participaron”.
Banfi dijo que los sospechosos actuaron “por fuera del sistema penal”, ya que no habrían interpuesto antes algún tipo de denuncia por el robo de los televisores.
Los criminales habrían tenido retenidas a las víctimas “unas tres o cuatro horas.
No habría ningún tipo de justificación que un grupo de personas armadas salgan a cazar a dos jóvenes en la vía pública, luego la tortura, luego la muerte del joven Nahuelmilla. En esto también me remito a la historia del derecho penal. El Estado fue el que les expropió el conflicto a las partes hace cientos de años en esto del ‘ojo por ojo’, ‘diente por diente’, y en realidad uno piensa es que no se deben permitir ni tolerar este tipo de hechos como este de un nivel de violencia extremo.
La falta de colaboración de vecinos y de testigos fue un escollo en la investigación que se debió sortear. De hecho tuvimos que allanar un domicilio por falta de colaboración porque cuando fuimos a pedir las cámaras no las quisieron dar, así que tuvimos que practicar un allanamiento para retirar el DVR y después tuvimos que allanar otro domicilio en la que había prendas con manchas hemáticas de las víctimas y tampoco hubo colaboración de los moradores. Por eso se le solicitó las órdenes al juez de garantías, fundados en la gravedad de los hechos y en la urgencia de la demora. Y allanamos al vecino de la esquina que tenía las cámaras y no las quería aportar y también al vecino de enfrente que tampoco salió al requerimiento del personal policial”.
Al consultarle si cree que fue por miedo la falta de colaboración, Banfi dijo que “no sabemos, pero en realidad nada justifica el encubrimiento de la muerte de una persona que muere de esta forma, independientemente de que quizás uno no quiera ser testigo. Pero brindar esa información en los albores de la investigación me parece algo muy importante y por eso allanamos las viviendas de los vecinos”.