PUNTA ARENAS: Joven colombiana estaba embarazada cuando intentaron obligarla a prostituirse

 
Quince semanas de embarazo tenía en julio pasado L.D.M.C. de 21 años, ciudadana colombiana que denunció haber sido obligada a prostituirse en un local clandestino de calle Boliviana, luego de ser traída con engaños a Punta Arenas desde su país natal, ofreciéndosele un puesto de trabajo como dependiente de un almacén o garzona. Su estado de gestación habría sido lo que la llevó a huir de la regenta que la trajo, pese a que le había prometido mucho dinero a cambio de sus servicios sexuales.
El juez Pablo Miño impuso la medida de prisión para la ciudadana colombiana Luz Daisy Córdova Correa, contra quien la fiscal Wendoline Acuña formuló cargos como autora de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual; facilitación de ingreso para el ejercicio de la prostitución de manera reiterada; y falsificación de instrumento privado. Todo lo anterior por haber estado detrás del ingreso de al menos tres jóvenes colombianas a Chile, costeando los trámites de documentación y sus pasajes, además de, supuestamente, haber traído a una de ellas engañada; y haber simulado un contrato de trabajo donde ella figuraba como empleada doméstica, a fin de poder mantenerse en la zona con su prostíbulo clandestino.
Asimismo, la fiscal Acuña le imputó cargos a las chilenas Daniela Vega Uribe y Katherine Sepúlveda Carrasco como cómplices en los delitos, por conocer las prácticas ilícitas que la ciudadana extranjera vendría ejerciendo, y a la primera de ellas por ser la que figuraba como empleadora en el contrato de trabajo fraudulento, pese a ser sindicada como una de las trabajadoras de Córdova Correa.
Inútiles fueron las pretensiones de la defensa por invalidar las grabaciones reproducidas durante la audiencia de formalización de cargos, donde a las imputadas se les escuchaba conversar respecto del comercio clandestino que venían ejerciendo. Además, las interceptaciones telefónicas registraron cómo la regenta contactaba a muchachas en el extranjero, preguntándoles sus pretensiones económicas y características anatómicas, indicándoles derechamente las prestaciones sexuales que deberían cumplir de acceder a viajar.
Sin embargo, diferente habría sido en el caso de L.D.M.C., joven que en julio huyó de la “casa de citas” de calle Boliviana Nº405, denunciando su situación, lo que habría sido la génesis de este caso, que entró ayer a etapa judicializada.
Niega cargos
Durante la audiencia judicial, la principal imputada pidió hacer uso de la palabra, asegurando que no está involucrada en una trata de personas, aunque confirmó que ayudaba a muchachas extranjeras a ingresar a Chile, pero sólo porque ellas querían venir a ejercer el comercio sexual a Punta Arenas, y que si le pagaban algo de dinero a ella no era por obligación, sino que a modo de retribución por las molestias. Respecto del caso de la denunciante, la imputada fue categórica al señalar que “ella sabía a lo que venía, yo no traigo engañada a nadie, desde el principio siempre lo supo”, aseguró.
Con todos los antecedentes expuestos, la fiscal Acuña solicitó la medida de prisión preventiva para las tres imputadas, sustentando la solicitud en la gravedad del delito, las penas que arriesgan, la seguridad de la sociedad, y el peligro de fuga, en especial la ciudadana colombiana. A lo anterior, adhirió el abogado del Servicio Nacional de la Mujer, Ramón Ibáñez.
Dicha petición fue enérgicamente objetada por el defensor Pablo Santander, quien cuestionó que sea necesario la prisión para las mujeres, considerando que ninguna de ellas tiene antecedentes penales anteriores. Sus consideraciones fueron escuchadas por el magistrado Miño, quien acogió sólo en parte la petición de la Fiscalía, enviando a prisión a la regenta colombiana, pero no así a las ciudadanas chilenas, quienes quedaron sujetas al arresto domiciliario nocturno y al arraigo regional mientras transcurren los 100 días que se fijaron para la investigación.
A su salida las imputadas liberadas, eludieron a los medios de comunicación presentes en el Centro de Justicia.
Regreso a Colombia
Cabe consignar que de la toma de declaraciones que hizo la PDI, las dos jóvenes que serían también víctimas en estos hechos, no reconocen sentirse utilizadas por la imputada extranjera, admitiendo que viajaron, con la colaboración de Córdova, a Magallanes para juntar dineros para sus familias a costas del trabajo sexual.
Completamente diferente es la historia de la víctima denunciante, quien aportó pormenores de lo que habría sido su paso de sólo días por Punta Arenas, cuando fue presionada para prostituirse. Sin embargo, lo que no sabía la mujer que la había traído, era que la joven de 21 años tenía en su vientre una criatura en gestación, siendo aquello uno de los principales motivos por los que aceptó recorrer los más de 6.800 kilómetros que separan la ciudad de Turbo, en Antioquia, Colombia, con Punta Arenas.
Realizada la denuncia, la víctima fue acogida por un hogar de protección del Sernam, oportunidad en que se sumaron a la causa, interponiendo el 19 de julio pasado una querella criminal por trata de personas, lo que llevó al abogado Ramón Ibáñez a comparecer ayer durante la audiencia.
Fue el mismo servicio del Estado el que realizó las gestiones para que la joven, pudiese volver hace más de un mes a la ciudad donde la aguardaba su hija de 4 años.
Reacciones
Las autoridades de gobierno exteriorizaron su preocupación por levantar políticas de orientación y de protección hacia quienes llegan a la zona y pudiesen ver vulnerados sus derechos fundamentales. En ese aspecto, la intendenta (s) Paola Fernández, expresó su repudio al delito de trata de personas, señalando que “establece una de las manifestaciones más crueles en violación a los derechos humanos. Por esa razón debemos promover la pesquisa temprana, renovar y aumentar los esfuerzos a nivel institucional y también de la ciudadanía para luchar en contra de este flagelo, eliminarlo de nuestra región, porque vulnera derechos elementales de los seres humanos”.
 
Por su parte, el gobernador provincial (s) y secretario regional ministerial del Trabajo, Carlos Abarzúa, ante la posible existencia de un reclutamiento ilegal de mujeres desde otros países con fines de explotación sexual, expresó que “lo importante aquí es que ya nos hemos dado cuenta, como región, que existe este problema, por tanto, ahora, lo esencial es concentrarnos en proteger a quienes hoy día son víctimas de trata de personas, considerando que muchas veces no se sienten víctimas como tales y eso es lo primero en lo que se les debe orientar (…) se está trabajando esta temática para abordarla desde lo que significa la vulneración de derechos, la irregularidad en que caen estas personas y en visibilizar sus necesidades y carencias, porque actualmente, terminan siendo invisibilizados”, agregó Abarzúa.