PUNTA ARENAS:Funcionario de la PDI denuncia violación y apremios durante su estadía en Magallanes

Una silenciosa y metódica investigación lleva adelante la Fiscalía de Punta Arenas respecto a una delicada denuncia que comenzó a tramitarse desde mayo pasado, luego de que desde Santiago se remitieran los antecedentes sobre los escabrosos hechos que habrían tenido sede en diferentes dependencias de la PDI a nivel regional. El denunciante es un policía que acusa a sus jefaturas.
De manera tan cuidadosa se lleva llevando la compleja causa, que involucra a personal y jefaturas activos de la PDI, que las primeras diligencias no habrían sido entregadas a ninguna de las policías, sino que estaría siendo ejecutada casi administrativamente por el Ministerio Público.
Violación, abusos sexuales agravados y reiterados, vejaciones o apremios y lesiones serían los cargos que se habrían denunciado por parte de un ex miembro de la PDI en Magallanes, J.H.M.R., quien inició acciones legales en la comuna de San Bernardo, en Santiago, para perseguir penalmente a quienes lo habrían violentado durante meses, según acusó.
Los hechos se inician, según la querella interpuesta, en 2013, durante el denunciante fue destinado a una comisión de servicio en Puerto Williams, oportunidad el subalterno y jefe bebían, luego de que viajaran a la isla Navarino con la misión de inspeccionar instalaciones de la policía civil en la apartada localidad.
En dicho contexto, habría existido un contacto físico producto de la embriaguez, que habría terminado cuando el denunciante habría sido besado por su superior, situación que rompió el ambiente que había de camaradería, dando por concluida dicha jornada con tan inusual situación, la cual habría sido abordada a la mañana siguiente por los intervinientes, pidiendo disculpas el jefe del afectado, excusándose frente al estado de ebriedad en que se habría encontrado.
Sin embargo, lo ocurrido habría calado hondo en la relación laboral de la brigada especializada donde los involucrados trabajaban, lo que habría también detonado una serie de rumores al interior del cuartel policial de Errázuriz Nº977, lo que habría comenzado a manifestarse con mensajes anónimos al celular del denunciante, aludiendo a sus tendencias sexuales. En tanto, respecto de su jefe, la víctima asegura en la denuncia que su jefe habría tenido una intención de acercamiento mientras ambos desarrollaban funciones fiscalizadoras en un crucero, donde también se le habría intentado acercar, sin concretarse nada.
Hechos consumados
En agosto de 2014 se habría iniciado el verdadero calvario que el querellante asegura haber vivido, afirmando que, luego de haber salido a celebrar con su jefe una asignación laboral que habría recibido, habrían bebido en exceso, cometiendo J.H.M.R. el error que a la postre le traería las graves consecuencias que hoy lo envuelven en este caso, ya que su jefe le habría asegurado que el “segundo de abordo” de la brigada en la que trabajaban estaba esparciendo rumores sobre él y que abiertamente había manifestado su repudio hacia el querellante.
Ante los dichos, J.H.M.R., quien por esa fecha residía en las dependencias de solteros del cuartel policial, se habría dirigido a la oficina del sindicado ofensor y habría hurtado su casaquilla institucional, prenda de vital importancia para los policías, tanto como placa o armamento y le habría aplicado cortes con una tijera, sacándole las mangas y el nombre identificatorio con que cuentan estos uniformes. Supuestamente, de la gravedad de sus actos se habría dado cuenta sólo al día siguiente, cuando ya el efecto del alcohol habría desaparecido.
Ante tal escenario, el denunciante habría pedido consejos al jefe de brigada, el mismo que le dijo de los rumores en su contra, quien habría tomado la chaqueta, ocultándola, ofreciéndole protección, por la cual más adelante pediría favores sexuales a cambio.
Protección
J.H.M.R. asegura en la acción judicial iniciada que de ahí en adelante todo fue en picada, viéndose sumido en un juego de presión sicológica entre sus jefaturas, ya que, por un lado, tenía al subjefe de la brigada donde se desempeñaba amenazándolo por la sustracción de su casaca, golpeándolo cada vez que lo veía y amedrentándolo a él y a su familia con amenazas y, por otra parte, al jefe de la unidad, quien lo apremiaba a entregarle su cuerpo cada vez que debía intervenir supuestamente para protegerlo de la violencia que el otro funcionario ejercía en su contra.
Tal grado de desconsuelo habría sentido J.H.M.R. ante el escabroso panorama que enfrentaba – asegurando haber sido víctima de vejámenes y agresiones en más de una veintena de oportunidades- que, en una oportunidad, mientras cumplía laboras en el paso fronterizo de Monte Aymond, encargó parte de sus pertenencias a una amistad de confianza que tenía en la policía argentina para que en caso de cualquier cosa le fueran entregadas a sus padres. Luego de eso, se enfiló a su dormitorio donde posó su arma de servicio en la boca con la intención de autoinferirse un tiro, lo cual finalmente no concretó.
“Estaba con la intención de suicidarme, llorando lleno de tristeza. Sólo pensando en mi familia, bajo el arma y me siento muy angustiado y deprimido”, señala la querella interpuesta por el afectado.
Con el tiempo, el funcionario fue reasignado a Santiago, ciudad donde debió ser internado en una clínica de salud mental, dado el profundo cuadro de angustia que se le diagnosticó una vez que comenzó a recibir atención médica, empujado por su familia, que vieron cómo entre 2014 y 2015 su salud desmejoró evidentemente. Actualmente, se encuentra en la capital apartado de sus funciones con licencia médica, cobijado por su familia, iniciando en mayo pasado en el 11º Juzgado de Garantía de Santiago, con el patrocinio del abogado Francisco Villegas Villegas, las acciones penales contra quienes sindica con nombre, apellido y cargo como quienes durante más de 14 meses lo estuvieron fustigando sexual y físicamente.