PUNTA ARENAS : Investigan presunta facilitación a la prostitución de dos menores al interior de local de alcoholes
Lo anterior, luego de que cerca de la una de la madrugada de este domingo, una fiscalización efectuada en el marco de las facultades preventivas de Carabineros terminara con la detención de Rosa Sepúlveda Ruiz, de 33 años de edad, cónyuge del dueño y encargada a esa hora de la shopería La Rancherita, ubicado en José Martínez de Aldunate 1490, en el barrio 18 de Septiembre.
En el lugar, se encontraban trabajando dos jóvenes de 17 años de edad, de iniciales A.N.B.G. y D.A.N.R., quienes precisamente al momento de la fiscalización, consumían bebidas alcohólicas junto con los clientes del lugar. “Ante una situación de flagrancia, prevista en la Ley de Alcoholes, artículo 42, de suministro de alcohol a menores, se detuvo a Rosa Sepúlveda Ruiz, en calidad de regenta o persona a cargo del local, en el que se expenden bebidas alcohólicas y se estaba precisamente suministrando este alcohol a menores que consumían junto a clientes del establecimiento”, explicó el fiscal, Fernando Dobson, en la audiencia de control de la detención, a la hora de exponer los hechos ante el juez, Juan Villa.
Prostitución
Debido a que aún existían diligencias por realizar, el representante del Ministerio Público solicitó al juez la ampliación de la detención por al menos 24 horas, ya que según explicó, se podría estar configurando un eventual delito de facilitación a la prostitución de menores de edad.
“De acuerdo a antecedentes preliminares que incluso aporta la propia imputada, se da cuenta acerca del eventual ejercicio de actividad sexual por parte de las menores, respecto de lo cual, de manera inicial, la imputada ha manifestado no haber recibido reporte o utilidad en relación a ese eventual ejercicio de actividad sexual, el que manifiesta que en caso de producirse, no sería en dependencias del local”, explicó Dobson.
Los antecedentes expuestos obedecían a una declaración que habría prestado la detenida, donde señalaba lo siguiente: “Estas niñas solicitaron trabajo para mí como ‘copetineras’ y me señalaron ¿en qué consiste el trabajo?. (…) Yo les dije que por presentarse, yo les pagaba la suma de 10 mil pesos y por trago que consumían los clientes, yo les cancelaría, la suma de 4 mil pesos. Y si el cliente quería sexo con ellas, tenía que hacerlo fuera del local y ellas verían cuánto le cobraban” (Sic, declaración leída en la audiencia).
Defensa
La defensa, representada por el abogado, Pablo Santander, cuestionó la declaración, ya que la mujer le habría explicado a él una situación totalmente distinta y, además, le habría dicho que no sabía leer. “Que pueda firmar no quiere decir que ella haya leído y haya entendido exactamente lo que se puso acá. Sobre todo el detalle fino. (…) A mí no me da ninguna garantía magistrado, que esta señora haya tenido exactamente conocimiento de lo que está firmando acá”, postuló el abogado.
Por otro lado, Santander cuestionó la ampliación de la detención, aludiendo a que el fiscal podría haber entrevistado a las menores de edad al momento de la detención.
Al respecto, el fiscal Dobson explicó que el momento no era el más adecuado para que las jóvenes pudieran declarar y, respecto de que la mujer no supiera leer, señaló que la imputada tiene un local formal y estaba encargada de él. Además, señaló que la mujer ha enfrentado otras causas en calidad de víctima y denunciante, por lo que tiene la capacidad de enfrentar diversos trámites judiciales. “Lo cierto, su señoría, es que en lo concreto, aquí hay dos menores de edad que estaban trabajando a instancias de la imputada en un local nocturno, se les suministraba alcohol, se les entregaba dinero por precisamente venderle alcohol a personas de edad. También es un hecho público notorio el contacto de tipo sexual respecto de personas que concurren a estos locales con las mujeres que trabajan en estos recintos, y consideramos que aparece como proporcionada y necesaria una ampliación de esta naturaleza”, planteó el representante del ministerio público.
El juez Villa decidió acoger la solicitud de la fiscalía y fijó la audiencia de formalización para las 15,30 horas de hoy en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas.