Penitenciarios condenados por torturas aseguran que la Justicia actuó mal y denuncian “un pacto de silencio”
César González, José Franco y Rubén Darío Fernández permanecen detenidos desde el 2012 en que recibieron una pena de 9 años de prisión por los tormentos infligidos al recluso José Carmelo Castro Molla en diciembre de 2008, en un proceso en el cual sostuvieron su inocencia. Tres años después resolvieron romper el silencio ante la posibilidad de enfrentar un segundo juicio, alegando su inocencia y asegurando que otros penitenciarios cometieron los vejámenes.
Pasado el tiempo y ante la posibilidad de un segundo juicio por “torturas”, los penitenciarios brindaron sus primeras declaraciones desde la unidad de detención para integrantes de fuerzas de seguridad.
Al respecto José Franco expresó en declaraciones a FM Líder, “ya el 26 de febrero pasado declaré y me puse a disposición de la Justicia, pasaron tres años estoy arrepentido, quise colaborar para que se aclare y se sepa la verdad de lo que pasó ese día”, dijo, agregando, “estoy arrepentido de haber callado tanto tiempo, ocurrieron en el juicio muchas irregularidades que al momento de recibir la condena, seguimos la estrategia de nuestros abogados, no tuvimos Justicia y decidí contar lo que pasó ese día”.
Acto seguido relató, “ese día fue una requisa violenta, pedí tomaran declaración a varios funcionarios y no hicieron nada, no pienso quedarme más callado no pertenezco al sistema, a pactos de silencio, corporativismo, por que caés en eso estando en una fuerza”, dijo.
“Pedí medidas al día de la fecha no hay nada, pedí careos con mis compañeros, yo laburé 12 años en el servicio como sargento con orientación penitenciaria, fue violenta la requisa, hubo muchos funcionarios penitenciarios que golpearon y hubo oficiales jefes que vieron y los únicos imputados somos nosotros”, dijo, agregando sin querer precisar los nombres que dio a la Justicia, “son muchos los penitenciarios el fiscal no está siendo bien su trabajo, se tenía que investigar realizar estudios psiquiátricos a los internos y no se hizo nada”, dijo Franco quien en su declaración reconoció que dio “un cachetazo” a Castro Molla y que por ello purga la actual condena.
En relación al segundo juicio que está esperando la definición de la situación procesal del por entonces jefe de la Unidad, el comisario retirado Fernando Rivero; Franco señaló que “también esos presos fueron golpeados, nosotros no pero otros penitenciarios participaron y les dieron cachetadas, patadas”, enumeró.
Oficial reclama revisar su condena
Asimismo el ex oficial César González planteó directamente su inocencia en relación a la condena impuesta, por la cual ya presentó un recurso de revisión ante el Superior Tribunal, “ese día estaba de oficial en servicio designado a las actas de requisa por celda individual, yo declaré y desconocía, aporté las pruebas, en ese lugar estaba designado el oficial Lazzarini quien hoy está postrado, y habría contado su verdad”, dijo señalando que no estuvo en el lavadero donde se dieron los incidente.
“A mi me responsabilizan como el oficial jefe de procedimiento, y ahora el fiscal Quadrini pide por Rivero, soy el pato de la boda”, dijo asegurando no entender como lo condenaron como oficial responsable, cuando para el segundo juicio por torturas, se está esperando –a pedido del mismo fiscal- resolver la situación del comisario retirado Fernando Rivero, como autoridad a cargo de la requisa y no hacer que cesaran los tormentos.
En cuanto al recurso presentado para que se revea su condena, González agregó, “tengo todas las pruebas en mano, acá el que tendría que estar sentado es Lazzarini, presenté recurso de revisión ante el Superior Tribunal de Justicia, no me contestan han investigado mal y hoy no saben que hacer y yo por todo esto hasta perdí mi familia hace más de dos años no veo mi hija, tenía mujer, tenía una carrera y lo perdí todo”, reclamó.
Segundo juicio
Entretanto el Fiscal Mayor Guillermo Quadrini ya pidió la elevación a juicio de la segunda causa por torturas, en la que pide además imputar al jefe de la Unidad de Detención por ese entonces, el comisario Fernando Rivero, como responsable de no haber hecho cesar los tormentos contra otros seis reclusos que estaban ese día en el lavadero.
La decisión está en poder del juez de instrucción Andrés Leonelli, quien debe resolver la situación procesal del hoy retirado Rivero, y luego confirmar la elevación a juicio de esta causa que podría sumar más años en cabeza de estos tres penitenciarios que desde prisión claman por su inocencia y contra la investigación judicial que los condenó.