Pidieron penas de 7 y 5 años de prisión en el primer juicio por “trata de personas” en la provincia
El proceso concluirá el 23 próximo en el Tribunal Oral Federal en la ciudad de Ushuaia con el veredicto contra Víctor Morales y su clan familiar que regenteaba el boliche “Black and White”, del cual fueron rescatadas 17 mujeres. El fiscal general Adrián García Lois brindó detalles de la causa que llevaron a pedir condenas de 7 años para Morales, y de 5 para el resto de los imputados.
El Fiscal General, Adrián García Lois, aseguró en declaraciones a FM Líder que el alegato acusatorio se sustentó en que “la imputación fiscal tuvo por probado que en el transcurso de dos años, entre marzo del 2010 y abril del 2012 funcionó donde se servían servicios sexuales y se lucraba con la prostitución ajena, y las mujeres llegaban mediante un sistema de trata por clasificados en diarios, transportadas por un pasaje aéreo a la ciudad, donde eran acogidas por Víctor Morales, sino en Antártida Argentina al 173 donde funcionaba el local”
“El apodo de Morales incluso era “el jefe”, por eso la diferencia en la pena”, dijo en referencia a la solicitud de 7 años de prisión, asegurando respecto de los restantes imputados; Cristina Patricia Ramírez, Daniela Alejandra Morales, Mirta Jorguelina Puglia, María Cristina Ledezma y Mauro Luciano Moralez Ledezma, “ellos eran encargados de acoger a las víctimas, ser responsables de la explotación al manejar la caja, administraban el lugar, recibían el pago de cada cliente, y decían que darle a cada víctima, descontaban deudas, gastos que demandaba el pasaje aérea que acá se enteraban debían pagarlo, un porcentaje del costo del lugar donde vivían, la ropa se la suministraban, aplicaban multas, y el porcentaje del sistema de explotación”.
Este segundo grupo tiene una solicitud de condena de 5 años de prisión.
En cuanto al funcionamiento de la organización García Lois, agregó, “las copas de la consumición del cliente era todo ganancia para la casa lo que consumía la víctima solo el 40% para la víctima, la copa mas económica eran 150 pesos, incentivaba al consumo de alcohol de las mujeres, incentivo por cantidad de copas con más ganancias”.
“Los mismos imputados reconocían que estaban las víctimas alcoholizadas a la noche, y esto permitía mantener más fácil la situación de explotación, además de la despersonalización para esa actividad”, dijo respecto de las 17 mujeres que eran las víctimas “que estamos imputando”, expresó el Fiscal General.
Dos grupos de víctimas
En cuanto a las mujeres rescatadas de este local, el Dr. García Lois agregó, “se daban dos tipos de circunstancias en este caso, dividimos en dos grupos las víctimas, unas que estaban condicionadas por las deudas con la casa, retención de documentos, la generación de deudas, en esos casos fueron seis víctimas que dijeron que no querían estar ahí o que venían a otra actividad, dos mujeres se escaparon sin un peso y les alcanzó solo para llegar a Las Cotorras y pasaron haciendo dedo la frontera por un camión, otra que se escapó pidiendo un taxi al aeropuerto y cuando ve que no se podía ir, explota en llanto y la ve una mujer de la Policía Aeronáutica y se inicia otras denuncia”.
“Estaban muy condicionadas estas mujeres, y luego está el otro grupo de 11 víctimas, las cuales eran captadas a partir del abuso de su condición de vulnerabilidad económica”, agregó el fiscal que destacó de este proceso, “sería el primer juicio que trata este delito en la provincia, sobre un grupo organizado que se dedica a la actividad, este es un caso paradigmático, típico como el que surge en la mayoría de los lugares, es un precedente fundamental para nosotros”, finalizó con la expectativa centrada en el fallo del 23 de septiembre próximo.