CHUBUT: En los últimos diez años, murieron seis presos por incendios en las comisarías

 
El defensor general alterno Alfredo Pérez Galimberti advirtió al secretario de Seguridad y Justicia de la Provincia, Oscar Martínez Conti, su “consternación” por la muerte de Julio Huentecoy y Guillermo Ávila en la Alcaidía de Trelew, el 25 de mayo, y su “profunda preocupación” por la situación de las personas encarceladas en la provincia, “especialmente aquellas que están cumpliendo pena en sitios que física, legal y constitucionalmente son completamente inapropiados a tales fines”. Según su reclamo, “se impone de modo urgente elaborar un plan de contingencia para afrontar este momento, dentro del plan general de política carcelaria”.
 
En la última década, desde 2005 a mayo de este año murieron 6 personas detenidas en dependencias de la Policía del Chubut, en incendios: Fernando Acuña falleció a raíz de un incendio en la Comisaría 3ª de Puerto Madryn el 1° de agosto de 2005; Mario Raúl Suárez, detenido como contraventor en la Comisaría de Puerto Pirámides, fallece por quemaduras el 4 de marzo de 2007; Ángel Gabriel Mirol y Matías Mulheman murieron en un incendio en la Comisaría 6ª de Comodoro Rivadavia el 10 de mayo de 2013; Alejandra Silvia Osorio, por un incendio en la Comisaría 1ª de Trelew el 21 de febrero de 2014, y Mauro Castaño, por un incendio en la misma Comisaría el 8 de febrero de 2015.
 
En la nota, Galimberti sumó las muertes de Gumersindo Vergara, en un aparente suicidio en la Comisaría del Hoyo el 4 de septiembre de 2003; Gastón Vargas, ahorcado en la Comisaría 2ª de Trelew el 19 de septiembre de 2013, y Diego Leandro Escobar, que falleció por falta de asistencia en la Comisaría 7ª de Comodoro Rivadavia el 27 de febrero de 2014
 
En el caso de Trelew, el funcionario advirtió que Huentecoy y Ávila fueron muertes que “hubieran podido ser prevenidas”. Cumplían pena en el Pabellón N° 4, que “cobró triste fama al haber sido escenario de la muerte de Juan Carlos Agüero el 22 de abril de 2014, caso que aún no ha sido juzgado y en el que se imputaba a Huentecoy y a Avila el delito de encubrimiento agravado”.
 
“Un verdadero pacto de silencio cubre la muerte de Agüero, que recibió decenas de puñaladas y sobre cuya muerte ninguno de los ocupantes del Pabellón testificó”, escribió. “Ahora se repite la escena. Esta vez son dos los muertos y otra persona resultó herida. Es posible que no pueda saberse nunca con exactitud qué sucedió, y la investigación deba depender exclusivamente de la evidencia física”.
 
“¿Es esta una cadena de represalias? No lo sabemos. ¿Se detendrá? No es previsible. Lo que sí es fácilmente perceptible es que las condiciones estructurales de la privación de libertad en Chubut hacen posible que estos hechos se hayan producido y se sigan produciendo, pues ni la infraestructura con la que se cuenta ni la preparación de los recursos humanos disponibles para el cuidado de los internos es mínimamente adecuada”.
 
Información hay
 
La nota que recibió Conti explica que desde 2008, “y advirtiendo la absoluta carencia de información sobre las personas privadas de libertad en la Provincia, se decidió comenzar con el relevamiento semestral de la cantidad de personas alojadas en los centros de detención”.
 
Estos datos se envían para conocimiento de las autoridades. “El 12 de febrero del corriente año, habiendo conocido por la prensa que no manejaba Ud. esta información, por mi indicación le fueron remitidas copias de todos los informes producidos”, explicó Pérez Galimberti.
 
El Monitoreo Provincial de los Lugares de Detención en 2013 detectó que dos de cada diez detenidos sufrió malos tratos de otros detenidos. Y en 2014 uno de cada cuatro policías consideró que no existen medidas de seguridad especiales para posibles conflictos en dormitorios colectivos.
 
Ya entonces se recomendó “incorporar cámaras en espacios estratégicos que no invadan la privacidad de los detenidos para minimizar las posibilidades de episodios de agresión, vejaciones o torturas a los detenidos”,
 
“Señor Secretario –explicó el defensor alterno-, la veracidad de la información y la disponible sobre cuestiones atinentes al Derecho Constitucional y al Derecho de Ejecución Penal es fácilmente verificable. No hay aquí segundas intenciones. Estamos y siempre hemos estado dispuestos a colaborar con todas las iniciativas razonables para mejorar el estado de las prisiones y el tratamiento de las personas privadas de libertad”.#
 
Intolerable
 
“Es imprescindible poner en debate público la política de ejecución penal, como este Ministerio viene reclamando de modo sostenido, para detener estas muertes sin sentido, para poner un límite a la violencia que el Estado no puede tolerar”, dice la nota.